Durante las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos, la Fiscalía reveló que a los testigos del caso Unión Temporal Centros Poblados intentaron sobornarlos y también fueron amenazados.

Recordemos que por esta investigación fueron capturados el empresario condenado por corrupción Emilio Tapia; Luis Fernando Duque Torres, representante legal de la UT Centros Poblados y Juan José Laverde, de Rave Agencia de Seguros.

Sobre Laverde, la fiscal señaló que este hombre le hizo un ofrecimiento a Jorge Molina, testigo de la investigación.

“Le manifestó que por favor se inculpara en el sentido de admitir que ellos lo contrataron de buena fe para la obtención de garantías y que él los había engañado", leyó la fiscal.

"Y a cambió pagarían el abogado que él escogiera o ellos le designaban uno pero le ayudarían con todos los gastos y que también le cubrían los gastos de su familia”, agregó.

Juan José Laverde, de acuerdo con lo que informó Molina durante el interrogatorio que le hicieron, es "muy amigo" de Emilio Tapia, el hombre que estructuró el proyecto de Centros Poblados con el Ministerio de las TIC.

La Fiscal agregó que un abogado de nombre Daniel González, también se le acercó al testigo Molina para recordarle el "jugoso" ofrecimiento, pero le agregó una advertencia.

“El señor Molina se negó a dicha propuesta y después le enviaron un abogado, Daniel González se quedaron de ver y se encontraron en el centro comercial El Tesoro en Medellín, donde el señor Daniel González, y así quedó en el interrogatorio", aseguró la fiscal.

"Le manifestó y le hizo la misma propuesta que le hizo el señor Juan José: de que aceptara porque él sabía que detrás de todo esto había gente muy poderosa y que le recomendaba que para él era mejor aceptar esa propuesta”, añadió.

Pero la peor situación la vivió el otro testigo de la Fiscalía. Se trata de Juan Carlos Cáceres, a quien fueron a amenazar de frente y de forma más violenta.

“Donde hombres fuertemente armados ingresaron a su vivienda, lo amenazaron con matarlo y a su hijo, que tiene problemas cognoscitivos, de qué si él hablaba lo mataban él y a su hijo”, indicó la fiscal a la juez.

La representante del ente acusador pidió medida de aseguramiento en centro carcelario para Emilio Tapia, Luis Fernando Duque y Juan José Laverde.

“Al estar estas personas privadas de la libertad el Estado garantiza la protección de los derechos ciudadanos y se considera igualmente necesaria porque así lo establece en el ordenamiento jurídico, pues sería la medida procedente de acuerdo con los delitos que fueron imputados”, manifestó la delegada de la Fiscalía General de la Nación.

Recordemos que el contrato que suscribió el Ministerio de las TIC con Centros Poblados consistía en instalar puntos digitales para conectar a 7 mil colegios rurales del país.

El Ministerio le giró $70 mil millones de anticipo al contratista y gran parte de este dinero terminó en cuentas de Estados Unidos y aún no ha sido rastreado por las autoridades.

Además, la Unión Temporal Centros Poblados presentó tres pólizas falsas para quedarse con el contrato.

La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento continuará este viernes, cuando la defensa presente sus argumentos.